El Viernes
el Gobierno de Urtubey autorizo un Desmonte en territorio Wichi por 50000
Hectáreas, y realizo en estas vacaciones audiencias no vinculantes para
entongarlos a estos sobrevivientes, esta semana autorizan 10000hectareas más en
la misma zona, la izquierda parlamentaria está de receso. Estoy a una hora y
media de viaje de allí. Por favor difundir lo que esta pasando. Haré un informe
urgente desde allá. Pobre gente como les mienten y como nos hacen mierda el
ambiente y el futuro. En el 2008 llegamos a la corte Suprema con algunos
actores de este conflicto, y logramos una medida de no innovar, fuimos unos 300
en Bs As. pero recuerdo al otro día Blumberg hizo una movida por lo de su hijo,
y metió 80.000, que desmoralizado me sentí! Hay historia allí, mientras todos están
de receso la destrucción y los desalojos están a full en este sitio. Urtubey se
lanzó a la arena presidenciable, mientras entrega a la destrucción un hábitat Wichi
a cambio de Soja. Saco la moto y me mando para allá! Los mantendré al tanto!!
Moises - FRENTE
NORTEÑO- ULTeRA
DIEZ
MIL HECTAREAS ESTAN A PUNTO DE SER ARRASADAS EN SALTA Y SUMAN 360.000 EN OCHO
AÑOS
Avanza el desmonte por los agronegocios
Son tierras
del departamento de San martín, que habían sido protegidas por un fallo de la
Corte. Algunos empresarios hicieron firmar comodatos con criollos y comunidades
wichí que crían ganado y, de esa manera, habilitaron el desmonte.
Diez mil
hectáreas de monte nativo donde viven y trabajan campesinos y comunidades wichí
están a punto de ser arrasadas para ser destinadas a agronegocios. Se trata de
tierras ubicadas en el departamento salteño de San Martín, zona catalogada por
la provincia como territorios a conservar y que habían sido protegidos por un
fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2008. “La presión de los agronegocios
vale más que la Ley de Bosques y que los derechos humanos”, denunció la
organización Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y afirmó que campesinos e
indígenas fueron presionados para autorizar el avance de los empresarios del
agro. Desde la sanción de la Ley de Bosques (que fija protección para el monte
nativo), en Salta fueron arrasadas 360.000 hectáreas, un promedio equivalente a
164 canchas de fútbol por día.
El
Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de
Agronomía (UBA) detalló que entre 2008 y 2013 se desmontaron 358.723 hectáreas
en Salta, de las cuales 112.000 estaban en zonas que debían protegerse (según
el Ordenamiento Territorial requerido por la Ley de Bosques). El LART detalló
que en 2008 (primer año de vigencia de la ley) se desmontaron 110.000
hectáreas. El año siguiente se talaron 46.000 y en 2010 llegaron a 50.000
hectáreas. En 2011 se destruyeron 72.000 hectáreas de monte salteño, en 2012
otras 52.000 y en 2013 se desmontaron 28.000 hectáreas. Equivale a un promedio
de 164 hectáreas por cada día o siete hectáreas por hora.
Para
ejecutar buena parte de la deforestación se utilizan grises de la ley. “No
todos los desmontes son ilegales, porque la provincia procede en muchos casos a
recategorizar las fincas de amarillo o rojo (zonas protegidas) a verde, para
luego aprobar los desmontes”, explicó Ana Alvarez, secretaria ejecutiva de la
Red Agroforestal, colectivo de organizaciones e investigadores del NOA y NEA.
Alvarez
advierte que el verano comenzó con la misma tendencia desmontadora. El 23 de
diciembre se realizó una audiencia pública para avanzar sobre 10.000 hectáreas
de bosque en el Municipio de Ballivián, departamento de San Martín, el mismo
que la Corte Suprema había protegido en 2008 y que aparece como zona “roja” (a
proteger). “Los empresarios hicieron firmar comodatos a criollos y a la
comunidad indígena wichí Cuchuy, donde ceden el territorio a cambio de pocas
hectáreas y diez viviendas. La audiencia termina siendo un mero trámite para dar
vía libre a desmontes para agricultura”, explicó Patricia Valdivia,
comunicadora de la Redaf.
El campo en
peligro se llama finca Cuchuy y el pedido de desmonte fue realizado por los
empresarios Alejandro Braun Peña (8962 hectáreas) y Gastón Larrán (1300 hectáreas).
Las familias
campesinas y wichí no contaron con asesoramiento jurídico sobre sus derechos. Y
firmaron en favor de los empresarios a cambio de diez casas para la comunidad
indígena y la “donación” de 300 hectáreas a las familias que siempre vivieron y
trabajaron las 10.000 hectáreas. Las cuatro familias campesinas que viven en el
lugar hace más de 50 años firmaron el “acuerdo” solicitado por los empresarios.
En dos casos firmaron con la huella dactilar porque no saben leer ni escribir.
El comodato señala que los empresarios le darán cinco hectáreas a cada una (20
hectáreas total). Los campesinos tienen como principal actividad la ganadería.
El estudio de impacto social en el expediente de la audiencia precisa que
cuentan con 578 cabezas de ganado. Pero con las 20 hectáreas que firmaron sólo
podrán criar tres vacunos. “Esta supuesta ‘cesión de derechos’ implica no sólo
la pérdida de las 10.000 hectáreas de bosque, sino que además condenará a las
familias originarias y criollas a migrar, ya que el sostén de sus actividades
es inviable en los pequeños lotes a los que serán confinados”, advirtió la Red
Agroforestal.
La Ley de
Bosques estableció que las provincias debían realizar ordenamientos
territoriales en tres colores: verde (se puede desmontar) y amarillo y rojo
(medio y alto valor de conservación). La finca Cuchuy está en zona amarilla y
roja, pero la normativa salteña dejó una puerta para los desmontadores:
estableció que la zonificación por colores era sólo “orientativa” y que podría
ser modificada a criterio de la autoridad de aplicación, el ministro de
Ambiente –que no respondió las consultas de este diario–, en base a pedido y
estudios presentados por quienes desean el desmonte.
El decreto
provincial 2789 prohibió los desmontes en regiones donde no se realizó el
relevamiento de territorios indígenas establecido en la Ley Nacional 26.160. El
relevamiento territorial no se realizó en la comunidad wichí Cuchuy, pero aun
así la provincia efectuó la audiencia para desmontar el territorio.
Un grupo de investigadores
de la Facultad de Agronomía de la UBA que trabaja junto a comunidades wichí
escribió una carta (con un informe técnico cuantitativo y mapas satelitales) al
Ministerio de Ambiente de Salta. Detallan que, en la zona wichí, sobre 196.000
hectáreas ya se arrasaron 89.000 (el 45 por ciento). “El desmonte en estas
áreas tiene serias consecuencias desde el punto de vista social y ambiental”,
recuerda el informe.
Luego de la
audiencia deben pasar diez días hábiles para la presentación de objeciones. Y
la Secretaría de Ambiente debería analizar las presentaciones y tomar una
decisión. Como parte de los descargos, el antropólogo John Palmer realizó una
decena de entrevistas en idioma wichí y la ONG Asociana elevó las entrevistas
como prueba. Los testimonios wichí dan cuenta del mecanismo de presión para
firmar acuerdos con los empresarios y denominan “estafa” al comodato que los
dejará sin tierras.
Finca Cuchuy
no es un caso aislado. Alvarez explicó que hay al menos cinco audiencias de
desmontes pautadas sólo para enero que afectarán otras 22.000 hectáreas.
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Denis
y Sergio Aballay fueron asesinados en la calle Saavedra al 800 del
barrio Tiro Federal de la ciudad de Trelew, cuando se dirigían a un
almacén. La policía tendría identificado al autor del doble crimen. Sin
embargo, no deja de ser llamativo que las víctimas son parte clave en la
causa contra un grupo de policías que los atacó salvajemente a la
salida de un boliche. Sergio y Denis Aballay sufrieron apremios ilegales
y vejaciones por parte de la policía la misma madrugada del 5 de
septiembre de 2010 en que Julián Antillanca fue asesinado a manos de
esta fuerza de seguridad.