PUERTO PIRAY, MISIONES “PIP RESISTE DESALOJO”

Comunicamos a las organizaciones campesinas, sociales, políticas y a la sociedad en general que estamos actualmente acampando en la chacra de nuestros compañeros Luis Rivero Martínez y Feliciana Mereles Troche y su familia EN DEFENSA DE LA TIERRA, en Puerto Piray, Misiones.

Una camarilla integrada por el intendente municipal de Puerto Piray, Jorge Lezcano, el empresario contratista de Alto Paraná SA, Juan Monjes, el ex candidato a intendente Nelson Aguilera alias “Güencho”, apoyados por la policía de Puerto Piray ATROPELLÓ por tercera vez a la familia intentando desalojarlos de la chacra, destruyendo el alambrado, empujando plantaciones de maíz y mandioca con maquinaria municipal SIN ORDEN JUDICIAL y amenazando con prender fuego a la casa familiar.

Este viernes 24 pasado lograron colocar un portón y un cartel de un supuesto CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO “NACIONAL” DE PUERTO PIRAY.

El sábado 25 de mayo los/las compañeros/as de PIP RECUPERAMOS LA CHACRA para la familia y reconstruimos el alambrado recuperando la tierra nuevamente y evitando que las vacas lleguen hasta la lindera Ruta Nacional Nª 12.

Hoy lunes 27 de mayo reactivamos la denuncia que habíamos hecho en fiscalía en DEFENSA DE LA POSESIÓN.
· ESTAMOS DECIDIDAS/OS A GANAR LA TIERRA PARA EL SOSTÉN DE NUESTRAS FAMILIAS.

NO MAS DESALOJOS EN MISIONES.

· SI QUIEREN HACER UN CLUB QUE EMPUJEN LOS PINALES DE LA EMPRESA ALTO PARANA S.A QUE ESTÁN AL LADO DE LA CHACRA DE LOS COMPAÑEROS.

· BASTA DEL ATROPELLO DE LOS PODEROSOS.

· PIP CONSTRUYENDO UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y SOLIDARIA.

Productores Independientes de Piray, PIP. 27 DE MAYO DE 2013

Mesa debate "Las implicancias de una nueva ley de semillas"

La Cátedra Libre “Ingeniero Horacio Giberti” de la Facultad invita a la mesa debate "Las implicancias de una nueva ley de semillas".

Martes 28 de mayo - 18 hs.

Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”

Corrientes 1543 - Sala Raúl González Tuñón

              

ORGANIZAN:

-Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE)

-Instituto de Geografía y Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA

-Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”

-Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) – Revista Realidad Económica (RE)

COORDINADOR:

Cristian Amarilla

Lic. en Economía. Integrante de la Cátedra Libre de Asuntos Agrarios “Horacio Giberti”. Investigador del CIEA y Docente de Historia Económica y Social Argentina FCE-UBA.

En el ámbito parlamentario se esta discutiendo un anteproyecto para una nueva Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. Este tema merece un profundo examen de los distintos sectores involucrados con la problemática.

Si bien pareciera que la preocupación más importante podría pasar por asegurar los derechos de propiedad intelectual a los obtentores, consideramos fundamental el análisis y tratamiento e inclusión en la nueva ley de temas como el de la semilla y la biodiversidad como patrimonio de la humanidad, el derecho de los agricultores al uso propio de sus semillas, la relación entre patentamiento o propiedad intelectual y el desarrollo nacional y sus implicancias en la distribución de la renta agraria, entre otros.

Por este motivo, la “Cátedra Libre H. Giberti” convoca a una mesa debate, con el objeto de exponer y discutir la amplitud conceptual que conlleva una nueva Ley de Semillas.

Se entregarán certificados de asistencia.

Fuente: http://novedades.filo.uba.ar/novedades/mesa-debate-las-implicancias-de-una-nueva-ley-de-semillas

Andalucía: Los del SAT y sus asaltos “constituyentes”

Francisco Sánchez del Pino
19/05/13

Los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) se publicaron, con la virtud de añadir un poquito de sal al cocido, pocos días antes de la celebración tradicional del Primero de Mayo. 31.000 andaluces y andaluzas pasaron, en sólo un trimestre, a engrosar una lista cuyo número de componentes roza ya prácticamente la cifra demencial del millón y medio. El 37% de la población activa ve pasar los días sin oficio y sin ingresos, acercándose progresivamente a la orilla de la pobreza o sencillamente metiendo el cuerpo cada vez más hondo en las aguas corrosivas de ese mar de penuria. 17.500 hogares han pasado en tres meses a constituirse en esos espacios familiares de resistencia límite que constituyen la categoría de "hogares con todos sus miembros en paro". Según datos de la Junta de Andalucía, seis de cada cien niños se encuentran ya en situación de pobreza extrema, es decir, con imposibilidad manifiesta de proveerse del aporte calórico diario necesario.      

El pasado verano, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) llevó a cabo una famosa y polémica acción simbólica de "expropiación" de unas pocas cestas de alimentos en dos supermercados para repartirlos entre gente necesitada. De esa manera, con acierto y efectividad notables (y con considerables consecuencias represivas) se puso el dedo en la llaga señalando públicamente, no ya sólo el fenómeno de la pobreza creciente e incluso de desnutrición cada vez menos puntual en un territorio (así llamado) europeo, sino también cuáles son las causas directas y estructurales de esa situación insoportable: por un lado, el atraco a los de abajo a través de las políticas dictadas por la troika e implementadas con diligencia por un "gobierno-estafa"; por otro, la situación secular de concentración de la tierra en Andalucía, con miles y miles de hectáreas de tierra en desuso y el irracional modelo de producción, comercialización y consumo de alimentos básicos actualmente imperante.

En un contexto más amplio de acciones que incluía la ocupación de fincas de propiedad pública en desuso para trabajarlas, la idea central era la reivindicación de la alimentación y de la tierra como bienes comunes frente al carácter de mercancía que presentan en el modelo actual, cuyos efectos son especialmente palmarios en tiempos del dramatismo que marca la signatura de los presentes. Las gentes del SAT quisieron tomar el Primero de Mayo como fecha simbólica para llevar a cabo nuevas iniciativas de ocupación de fincas en desuso y con capacidad para dar soluciones a los problemas más radicales de las gentes. Lo simbólico era ya sólo la fecha, pues la voluntad de ocupación se mantiene y se actualiza por días, llevándose a cabo tareas de limpieza y de siembra, orientadas al futuro. La acción más sonada mediáticamente ha sido la desarrollada en la finca de "Las Turquillas", en la provincia de Sevilla, propiedad del Ministerio de Defensa y cuyo uso esencial es la cría de caballos en una superficie de 20 hectáreas sobre un total de 1.200. Un impresionante y, como de costumbre, desproporcionado despliegue policial, ha obstaculizado tanto ese primero como los sucesivos intentos de reivindicación que, insistentemente, se han estado llevado a cabo desde entonces, reivindicaciones tan desafiantes como la siembra de sandías, melones y lechugas. Tampoco la maquinaria mediática se ha quedado sin hacer sus deberes correspondientes.

Desde la misma fecha se desarrolla, en otro punto de Andalucía, una historia no por menos sonada menos relevante: cientos de personas han emprendido reiterados intentos de ocupar la finca de "La Rueda", en la provincia de Jaén, de 500 hectáreas y propiedad del banco BBVA, después de que los anteriores dueños, que la habían utilizado como aval de operaciones inmobiliarias, no pudieran hacer frente al pago de las deudas contraídas con el banco. Triste papel el reservado en este acto, como en tantos otros, a un bien social.

La finca jiennense tiene unos cien mil olivos, que ya de por sí tienen virtud de poder emplear a docenas de familias de la comarca de forma permanente y a muchas más en temporada, pero además cuenta con una extensión considerable para la puesta en marcha de proyectos que diversifiquen un modelo agrícola que, basado en el monocultivo intensivo del olivar, tiene consecuencias nefastas para el territorio, tanto de carácter social (desempleo, emigración temporera y dependencia de subsidios raquíticos) como de índole ecológica (erosión de suelos, contaminación por fertilizantes y plaguicidas y dependencia de la importación de productos alimentarios). Desde el sindicato se llama también la atención a la población sobre el riesgo de incendios que supone la concentración de hierbas secas gigantescas cuando se acerca el verano, un peligro real para toda la comarca, que trasciende de largo las lindes de una "propiedad privada" que se constituye, con ironía o no, como "peligro público".

La provincia de Jaén riza el rizo de las cifras endemoniadas situando su tasa de desempleo en un escandaloso 41%. Hablar de escándalo ya va quedando corto. Las cifras siguen una progresión inversamente proporcional a la disponibilidad de adjetivos para nombrar la realidad que se asoma tras las estadísticas. Pero la situación se retuerce aún más si se tiene en cuenta la enorme disponibilidad de alternativas potenciales impedidas de hecho por los que mandan. Ese veto lleva el sello de una violencia extrema: no se trata ya de una concentración insoportable de los medios de producción y de una apropiación indebida de los bienes comunes, sino de una decidida liquidación de los mismos. No hay retrato más elocuente de la sinrazón que la imagen de una extensión como la de esta finca jiennense en su desgarrador abandono a la voracidad de las hierbas salvajes, rodeada de vallas que guardan la función especulativa del terreno, delante de las cuales se apostan docenas de efectivos de las así llamadas fuerzas del orden, haciendo frente e intimidando a una masa de desempleados cuya aspiración principal es la del trabajo. El poder a veces regala instructivas representaciones, como la que supone el registro de vehículos en los alrededores de la zona para verificar que no hay en ellos herramientas de trabajo. La respuesta represiva está a la altura de la lectura de la situación por parte del poder, nervioso al afrontar una voluntad legítima de recuperación de los bienes comunes al servicio de las personas. Pero esa reacción contiene un peligro incontrolable para los de arriba: el autorretrato, la ilustración de los comunes y corrientes, la vivencia personal y colectiva de que la herramienta de trabajo es un elemento subversivo en tiempos en los que se insiste, por activa y por pasiva, en que el desastre actual inducido carece de alternativa. Y la conciencia de que aquellos que son acusados (y duramente sancionados, igual que en el caso de los afectados por los desahucios) por alteraciones del orden público, no son sino quienes proponen un abordaje más consecuente al desorden público establecido. Una encuesta de Metroscopia en el mes de marzo daba cuenta de la impresionante simpatía que movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca despiertan entre la ciudadanía. Llegados a este punto, al poder no le queda mucho más que tomar posiciones, defensivas y ofensivas. Y no va a ser sólo a él a quien corresponda tomarlas.

Las gentes del SAT son personas de orden. Sólo una sostenida perversión hecha hegemonía permite que una tal afirmación suene demasiado provocativa. Pero en el territorio español están sobre la mesa la problematicidad y la relatividad de conceptos como el de orden, que ya no tienen un significado asimilado por la mayoría de la población, menos aún cuando una parte de ella ha recibido una "invitación" al debate radical a base de golpes de porra.

¿De qué hablan los poderosos cuando hablan de orden? No del orden constitucional, desde hace tiempo sometido a un proceso de ruptura por parte de las oligarquías gobernantes.  Movimientos con la PAH o el SAT adquieren una doble faceta: de un lado, "conservadora", una vez que desde arriba se lleva a cabo un golpe y un salto adelante impulsado sobre la base de los dos grandes partidos, cada vez menos grandes: el artículo 47 de la ya mutilada Constitución española establece que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", y el 128 (igualmente contrafáctico) que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". De otro lado, un carácter "constituyente", que contiene elementos de reivindicación de esa "nueva Constitución" cuyo debate está sobre algunas mesas; esa por hacer en un proceso que exprese el consenso sobre un proyecto de sociedad alternativo, que tenga como centralidad el carácter público y no mercantilizable (esto es, no susceptible de expropiación a las poblaciones) de los bienes comunes (la tierra, la alimentación, el trabajo, el medio ambiente, la vivienda o la sanidad y la educación). Y es en este terreno donde este tipo de acciones y procesos cobra su más radical significancia; cualquier idea de "proceso constituyente" que se pretenda honestamente como voluntad de cambio en la correlación de fuerzas actualmente existente dentro de la sociedad, tiene que contemplar la obligación de conectar con (y a la vez tomar fuerza en) el protagonismo de esos movimientos en los que los sujetos sociales crean, en la práctica, el contenido material de esa constitución "utópica".

De entre esos contenidos "constituyentes", mención especial exige quizá el que hace referencia a la dimensión ecológica, que se tiende a mantener en un segundo plano en los debates: las iniciativas del SAT (Somonte, Turquillas, La Rueda) llevan consigo una impugnación radical a un modelo de producción agroalimentaria irracional e insostenible. Vía Campesina calcula que en torno a la mitad de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (cuya concentración en la atmósfera acaba de sobrepasar una línea muy roja) proceden del sistema alimentario, entre actividades agrícolas propiamente dichas, consecuencias de la deforestación, uso de fertilizantes y pesticidas, empaquetado y transporte de alimentos y tratamiento de residuos. El modelo actual no es siquiera una opción a discutir en un mundo que ve acercarse también los límites de disponibilidad de recursos en general, y del petróleo en particular, del que la agricultura actual es dependiente en todo su proceso.

La alternativa agroecológica y social se presenta como imperativo social para impedir la conversión de la alimentación en una mercancía cada vez menos accesible (gracias a la influencia mutua entre crisis financiera, económica, social y ecológica) y para evitar una profundización aún más catastrófica en el desbordamiento de los límites de la Tierra. En definitiva, una cuestión de supervivencia, una cuestión, una vez más, de orden. Es fundamental que "lo que se mueve" en los espacios urbanos problematice tales cuestiones y la necesidad de plantear las relaciones entre la ciudad y el campo, proponiendo nuevas alianzas que eviten el aislamiento de quienes pueden ser un factor fundamental para la generación de una alternativa para todos y todas. La lucha en el campo no puede mantenerse sin el apoyo de la ciudad y la ciudad no puede liberarse si aquel no sale bien parado de la batalla.

Los agentes a los que el subdelegado del gobierno en Jaén (por citar un caso modélico de ejercicio de represión política) envía por docenas a controlar y a reprimir a los "ocupantes" (u otros manifestantes), son también individuos pertenecientes (por provocador que suene también) a la especie humana y, por tanto, enfrentados trágicamente al presunto deber de defender por medio de la coacción o la violencia un des-orden que pone en cuestión su propio presente, su entorno y el futuro de sus hijos e hijas, educativo, laboral y de existencia en un mundo habitable. Semejante apreciación dota de un carácter aún más triste, anacrónico y ridículo, digno de compasión (de vez en cuando), a sus agotadoras persecuciones de parados por los campos andaluces, con helicópteros incluidos. Aventuras que por lo demás suponen un coste económico para la administración cuya magnitud sería interesante conocer, más aún en tiempos de crisis y con la carencia de sentido, y de la legitimidad social y política, que supone el empecinamiento desenfrenado e histérico en la defensa de algo cuya subversión es, más que nada, un deber cívico.

Creer en un proceso constituyente para una salida democrática y social a la crisis implica una apuesta en los terrenos donde se juegan las relaciones reales de poder, donde se lucha, aquí y ahora, por la materialidad de un programa con las gentes como protagonistas y creadoras de un nuevo sentido común indispensable. Desde los campos andaluces, se lanzan al poder y a toda la sociedad preguntas desafiantes: ¿y si no hubiera por qué elegir sólo entre paro y precariedad? ¿Y si no fuera la "autodevaluación" la única vía para obtener el permiso de soñar con un empleo? En esos mismos campos, puede que además hoy se recoja y se proyecte, a todas las instancias, aquella apelación que Víctor Jara dedicara a los campesinos chilenos en su "Plegaria a un labrador": hoy es el tiempo que puede ser mañana.

Francisco Sánchez del Pino es miembro del SAT y del movimiento "IU por la base"

Fuente:  http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5990

Transgénicos: un debate necesario e impostergable en el Cono Sur

"Necesitamos urgentemente llevar adelante un debate serio en nuestro país y en toda la región del Cono Sur que en algún momento Syngenta bautizó como la 'República Unida de la Soja' para saldar las deudas que desde hace casi dos décadas se vienen generando con los pueblos desplazados y los territorios arrasados. Y para ello es fundamental desmantelar el cerco que las corporaciones mediáticas han construido."

Por Carlos A. Vicente, GRAIN y Acción por la Biodiversidad

Mientras el mundo es escenario de profundos debates sobre los organismos genéticamente modificados, en Argentina los medios de comunicación masivos mantienen un silencio que oscila entre la complicidad llana, la creencia ciega o el mirar para otro lado para no irritar a algunos aliados. Una situación similar se vive en los vecinos Brasil, Uruguay y Paraguay.

Sin embargo a esta altura el debate parece inevitable pues el fracaso de los transgénicos es más que elocuente y aún quienes prefieren ver solamente lo que ellos definen como “efectos colaterales”, no pueden esconder lo más elemental: no hay argumentos para sostener la existencia y proliferación de los transgénicos que no sean el sometimiento a los intereses corporativos que los impulsan.

Para comenzar ninguna de las promesas con que llegaron a partir de los años 90 se han cumplido: ni han servido para terminar con el hambre en el mundo, ni han disminuido el uso de agroquímicos, ni se han desarrollado los transgénicos de segunda y tercera generación que proveerían de alimentos de mejor calidad, ni se han obtenido cultivos más productivos o resistentes a la sequía (1).

Mientras las promesas se siguen renovando la realidad muestra la verdadera cara de los cultivos transgénicos: el hambre en el mundo sigue creciendo y la misma Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación (FAO) nos habla de que no se trata de una cuestión de producción sino de equidad y distribución; el uso de agroquímicos alcanza cifras récord en los países que cultivan transgénicos y sus impactos ambientales y sanitarios se hacen inocultables y la “fallas” de la experimental ingeniería genética comienzan a ser publicadas en revistas científicas “serias”.

La cuestión es que el mundo ha comenzado a reaccionar y los debates políticos, científicos, ambientales y sociales están a la orden del día.

El mismo relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier de Shutter ha planteado con claridad que en México, donde se está llevando uno de los mayores crímenes contra la humanidad introduciendo maíz transgénico en la misma cuna de nacimiento del maíz, se precisa una moratoria al mismo porque puede ser “imposible de controlar” en caso de contaminación. En su informe alertó contra la posibilidad de que una ampliación de los cultivos de maíz transgénico pueda aumentar "el riesgo de endeudamiento de los pequeños agricultores" con empresas multinacionales del sector (2).

Justamente es en México donde las resistencias están movilizando a sectores académicos, campesinos, organizaciones juveniles, sindicatos, pueblos originarios y medios de comunicación y donde en estos días, en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos se realizó una gran Preaudiencia Nacional llamada “Contaminación Transgénica del Maíz Nativo” para juzgar y condenar estos crímenes (3). Uno de los ecos de este evento se pudo leer en el periódico La Jornada: “En la preaudiencia se desmontó con solidez y fundamento la falacia de que el maíz transgénico ofrezca ventajas a los campesinos o al país y pueda emplearse para combatir el hambre. Es al contrario. Si el país entero quedara contaminado de transgénico, la producción de maíz caería. Por su propia naturaleza la transgenie disminuye la producción” (4).

En la Unión Europea la resistencia de los consumidores a los transgénicos hace que se multipliquen las prohibiciones nacionales a los mismos y crecen las zonas “libres de transgénicos” generadas a partir de las luchas locales. Existen prohibiciones en Alemania, Austria, Hungría, Luxemburgo, Francia, Grecia, Italia, Bulgaria y Polonia (5). Hasta ahora se han identificado iniciativas de zonas libres de transgénicos en al menos 25 países europeos y son miles los municipios que se han declarado Libres de Transgénicos (6).

En los Estados Unidos el 26 de marzo pasado entró en vigencia una cláusula legal que permite a Monsanto y las otras trasnacionales de transgénicos ignorar las órdenes judiciales de suspensión de siembra de cultivos transgénicos, sea por irregularidades en su aprobación, por falta de evaluación de impactos ambientales o de salud, por nuevas evidencias científicas que señalan daños sanitarios o cualquier otra razón (7). Esta claúsula ya ha sido bautizada como el “Acta de Protección a Monsanto”. Este escándalo llevó a que el New York Times publicara el artículo ¿Por qué necesitan protección los transgénicos? en el que se expresa llanamanete “La Ingeniería Genética ha decepcionado a muchas personas que habían puesto grandes esperanzas en ella” (8).

Concluyamos recordando que estos debates han sido los que han llevado a que Ecuador y Bolivia prohibieran en sus Constituciones el cultivo de semillas transgénicas como consecuencia de la lucha por esclarecer los impactos de los transgénicos que llevaron adelante organizaciones campesinas e indígenas.

Necesitamos urgentemente llevar adelante un debate serio en nuestro país y en toda la región del Cono Sur que en algún momento Syngenta bautizó como la “República Unida de la Soja” para saldar las deudas que desde hace casi dos décadas se vienen generando con los pueblos desplazados y los territorios arrasados. Y para ello es fundamental desmantelar el cerco que las corporaciones mediáticas han construido.

Notas

1- Transgénicos: ¿20 años alimentando o engañando al mundo?, GRAIN

2- La ONU pide una moratoria a México por transgénicos

3- Preaudiencia Nacional llamada “Contaminación Transgénica del Maíz Nativo”, Tribunal Permanente de los Pueblos, México

4- En el banquillo, Gustavo Esteva

5- Fiascos de los transgénicos en el 2012, Silvia Ribeiro.

6- Por una Europa Libre de Transgénicos (PDF)

7- Acta de protección a Monsanto, Silvia Ribeiro

8- Why Do G.M.O.’s Need Protection?, Mark Bittman

Fuente: http://www.biodiversidadla.org

Formosa: frenar el etnocidio

La violencia contra la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), las denuncias contra el gobernador Insfrán, el silencio de la Presidenta y el rol de los organismos de derechos humanos. Los pueblos indígenas de Argentina marcharán a Formosa.

Por Darío Aranda

“Hemos intentado llegar a la Presidenta y y no hubo respuesta. El silencio nos ofende y nos humilla”. El cuestionamiento, en tono triste pero también con enojo, provino de una de las referentes de los derechos humanos en Argentina, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Fue en la conferencia de prensa de ayer, donde organismos de derechos humanos denunciaron el “etnocidio” en Formosa, la “violencia sistemática” contra la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) y exigieron medidas urgente del Gobierno Nacional para frenar la violencia. Amanda Asijak (esposa de Félix Díaz), confesó tener miedo por lo que pueda pasar a sus hijos, reconoció que el líder qom evalúa dar un paso al costado, aunque también afirmó que ambos deben seguir en la lucha. En junio habrá una gran cumbre indígena, de comunidades de todo el país, en Formosa.

El fin de semana pasado la comunidad volvió a ser noticia luego de que una patota atacara al hijo de Félix Díaz y Amanda Asijak. La conferencia de prensa fue una consecuencia del nuevo ataque contra la familia del líder qom.
La sala del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) quedó chica. Periodistas y militantes desbordaron el espacio. “Es una buena señal”, celebró el anfitrión, Adolfo Pérez Esquivel, que se limitó a señalar la “grave situación que padecen los pueblos indígenas en el país, en particular el Pueblo Qom de Formosa”. Y anunció que iban a hablar como parte de la “Comisión de garantes” que se había conformado (hace dos años) en el marco de una mesa de diálogo reconocida por el Gobierno Nacional.

Modelo

Aldo Etchegoyen, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), señaló que “la constante en todo el país es la frontera sojera y minera avanzando sobre los pueblos originarios” y que “ese modelo conlleva desmontes, heridos y muerte”. Denunció que “tanto el Gobierno como la Justicia” discriminan a los pueblos pueblos indígenas y recordó que hay leyes (que protegen sus derechos) pero que no se cumplen. Ejemplificó con la Ley 26.160, sancionada en 2006, que suspende las órdenes de desalojos y orden un relevamiento territorial. “Pero los desalojos siguen”, sentenció.
Puntualizó que en abril pasado se firmó en Formosa, con presencia del secretario de Derechos Humanos de Nación, Martín Fresneda, un protocolo de intervención para garantizar la integridad de las familias de la comunidad La Primavera. “A pocos días de firmarse, atacaron a Abelardo (hijo de Félix y Amanda). Es una nueva provocación del gobierno de Gildo Insfrán”, afirmó.

Miedo y lucha

Amanda Asijak habló suave pero firme. Su palabra era la más esperada, por la salud de su hijo y por las versiones sobre los pasos a seguir por Félix (un rumor indicaba que dejaría su rol de “qarashé”, autoridad qom).
“Estoy dolida por lo que pasó a mi hijo. No es la primera vez, soy madre, es difícil. Es una tristeza muy grande, estamos sufriendo”, fueron las primeras palabras. Contó que había hablado con Félix y que lo notó triste, con “ganas de dejar la lucha”. Advirtió que aún no había tomado una decisión, que lo hablarán en familia ni bien ella regresa a Formosa.
“Tengo que decir a Félix de seguir. Seguir peleando por tierra, salud, agua”, adelantó, pero de inmediato también reconoció que “son muchos años de lucha y no podemos encontrar algo concreto”. Recordó la represión de 2010, confesó que tiene miedo por lo que pueda pasarles a sus hijos, rememoró “el asesinato” de su sobrino (Daniel Asijak, en enero pasado –la comunidad denunció un ataque y el gobierno de Formosa que fue un “accidente” de tránsito–).
Amanda apuntó a los dirigentes gildistas que están en la comunidad, pidió “apoyo para seguir adelante” y preguntó varias veces “¿dónde están nuestros derechos?”.

En los diez minutos que duró su exposición insistió con un temor: que le suceda algo a sus hijos. Y finalizó como había comenzado, con vos suave y firme. “Aunque la policía nos pegue, tenemos que seguir adelante, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando, como Pueblo Qom, como pueblo originario”.
Sobrevino un aplauso sostenido.

CELS

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) mantiene un difícil equilibrio. Reconocido por su defensa de los derechos humanos, también con mucha cercanía al Gobierno Nacional, lleva las causas de la comunidad La Primavera.
“Acá se pone en evidencia una situación compleja y también injusta”, resumió el abogado del CELS, Federico Efrón.
Recordó que pesan sobre la comunidad cuatro causas judiciales, dos por usurpación y dos por el corte de ruta de 2010, que terminó con la represión del 23 de noviembre de 2010 y el asesinato del abuelo qom Roberto López. Ese día la policía de Formosa golpeó a integrantes de la comunidad e incendió una veintena de viviendas. Pero, paradoja de la justicia formoseña, hay 23 imputados qom, incluidos Félix Díaz y Amanda Asijak.

Efrón recordó que Félix Díaz fue procesado, hace dos semanas, por “usurpación” del territorio comunitario. “Hay una persecución contra Félix”, afirmó.

Cumbre indígena

Verónica Hullipan, secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de CTA y del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), alertó que la criminalización de los pueblos indígenas se reitera en todo el país pero que “Formosa es una caso paradigmático, donde no puede seguir el avasallamiento”.
Explicó que la situación de vulneración de derechos es idéntica para los cuatro pueblos que habitan la provincia (Qom, Wichí, Pilagá y Nivaclé). “Los cuatro pueblos reclaman derechos colectivos, reclaman territorio y se le violan los derechos humanos”, afirmó. Relató que existen muertes por enfermedades evitables y por desnutrición, y lamentó que en la comunidad La Primavera haya “matones con rostro indígena que atacan a los hermanos que luchan”.

Apuntó a un actor hasta ese momento ausente en la conferencia de prensa. “El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) es el operador del gobierno nacional en Formosa, siempre juega a favor de Gildo Insfrán. El INAI debe reconocer a Félix Díaz como qarashé de la comunidad, pero sigue las instrucciones de Insfrán y actúa en contra en Félix”, denunció la dirigente mapuche.

Afirmó que es necesario “un gesto” del gobierno nacional para con los pueblos originarios y anunció que comunidades indígenas de todo el país se reunirán del 3 al 5 de junio en Formosa para “exigir el respeto a nuestros derechos y para dar una clara señal de respaldo a la lucha de los cuatros pueblos indígenas de Formosa”.

Etnocidio

Lorena Cardín es la persona externa a la comunidad qom que más conoce Potae Napocna Navogoh (hace doce años que acompaña, desde el territorio, las luchas, alegrias y pesares). Además es antropóloga y docente de la UBA.
“Denunciamos el etnocidio en Formosa”, comenzó Cardín y explicó que se suceden las muertes por tuberculosis, por chagas y por falta de asistencia médica.

Y apuntó a los clásicos argumentos oficiales. Reconoció que la provincia fue pionera, en 1984, con una ley que reconoce los derechos indígenas. “¡Pasaron 29 años! Ese logro ya no tapa la situación que padecen los cuatro pueblos indígenas que viven en Formosa”, reclamó y detalló que en la provincia hay un “control total” de Gildo Insfrán. Ejemplificó: el ProHuerta (un plan nacional de huertas familiares dependiente del INTA y del Ministerio de Desarrollo Social) tiene prohibido entregar semillas a la comunidad La Primavera.

“En Formosa hay una violencia estructural”, aseguró la antropóloga y desafió: “El que tenga voluntad, que vaya y vea por sí mismo”. Pero de inmediato aclaró: “Claro que no tienen que seguir el circuito turístico que les arma el gobierno provincial” (reconocidos periodistas porteños visitaron la provincia de la mano de Gildo Insfrán y aún hoy derrochan alabanzas sobre la gestión gildista).

Cardín lamentó no poder contar todas las riquezas que tienen la comunidad (por ejemplo la lengua originaria, la cultura, los saberes), e insistió en la coerción que ejerce el Gobierno. Pero finalizó con un guiño: “Ese control no es perfecto. No pudo con Félix”.

“No se tolera más”

Nora Cortiñas recordó dos hechos que la unen a la lucha qom. La mañana de 2011 en que La Cámpora actuó como fuerza de choque (con Andrés Larroque a la cabeza) y desalojó el acampe de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Y la elección realizada en la comunidad, en la que Félix Díaz fue elegido por amplia mayoría (por sobre el antiguo cacique, Cristino Sanabria).

“Félix ganó la representación de la comunidad, pero nunca fue reconocido por el gobierno nacional. Y el Gobierno permite ese doble comando porque quieren echar a Félix. Mientras la comunidad es atacada criminalmente”, advirtió la madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, lamentó la falta de respuesta de la Presidenta y aclaró: “¿Qué queremos? Que se terminen los ataques. No se tolera más la violencia”.

DDHH

Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, recordó que luego del acampe qom en Avenida de Mayo el gobierno nacional aceptó la creación de una mesa de diálogo. Detalló que se firmaron actas y, a pedido del Gobierno, se aceptó una elección en la comunidad para determinar quién era la autoridad e interlocutor (si Félix Díaz o Cristina Sanabria, aliado de Insfrán). “Se les impuso un método de elección que no era propio de la comunidad, con observadores de Nación y Provincia. Así y todo fue electo Félix, pero no lo reconocen, juegan al desgaste. Ningunean a la comunidad y ningunean a los organismos de derechos humanos”, denunció.

Pimentel recordó que en esa mesa de diálogo, que coordinaba el ministro del Interior, Florencio Randazzo, participaban también Abuelas de Plaza de Mayo (en su lanzamiento había estado su presidenta, Estela de Carlotto). “Hoy no están”, lamentó. Y resumió: “Los derechos humanos se defienden o se violan. Y acá se están violando. Hay que acabar con este genocidio silencioso”.

Maravilla

Mirta Acuña de Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fue muy breve. Lamentó la violencia contra el Pueblo Qom y fue directo al grano: “La semana pasada vi por la tele a la Presidenta con Maravilla Martínez. Y me pregunté ‘¿Y Félix Díaz?’. Tiene tiempo para un boxeador y no para Félix. Hay que reclamarle que reciba a Félix”.

Reacción y silencio

Desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación llamaron ayer a la tarde a Félix Díaz. Le anunciaron que el 22 de mayo se hará pública la definición del máximo tribunal respecto al reclamo de la comunidad (el año pasado se había realizado en la Corte una audiencia pública por el conflicto territorial).

Al momento del cierre de esta nota, ningún funcionario nacional se había comunicado con el líder qom por los reclamos pendientes ni por los hechos de violencia que padeció la comunidad qom.

Fuente: http://odhpi.org