Andalucía: Los del SAT y sus asaltos “constituyentes”

Francisco Sánchez del Pino
19/05/13

Los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) se publicaron, con la virtud de añadir un poquito de sal al cocido, pocos días antes de la celebración tradicional del Primero de Mayo. 31.000 andaluces y andaluzas pasaron, en sólo un trimestre, a engrosar una lista cuyo número de componentes roza ya prácticamente la cifra demencial del millón y medio. El 37% de la población activa ve pasar los días sin oficio y sin ingresos, acercándose progresivamente a la orilla de la pobreza o sencillamente metiendo el cuerpo cada vez más hondo en las aguas corrosivas de ese mar de penuria. 17.500 hogares han pasado en tres meses a constituirse en esos espacios familiares de resistencia límite que constituyen la categoría de "hogares con todos sus miembros en paro". Según datos de la Junta de Andalucía, seis de cada cien niños se encuentran ya en situación de pobreza extrema, es decir, con imposibilidad manifiesta de proveerse del aporte calórico diario necesario.      

El pasado verano, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) llevó a cabo una famosa y polémica acción simbólica de "expropiación" de unas pocas cestas de alimentos en dos supermercados para repartirlos entre gente necesitada. De esa manera, con acierto y efectividad notables (y con considerables consecuencias represivas) se puso el dedo en la llaga señalando públicamente, no ya sólo el fenómeno de la pobreza creciente e incluso de desnutrición cada vez menos puntual en un territorio (así llamado) europeo, sino también cuáles son las causas directas y estructurales de esa situación insoportable: por un lado, el atraco a los de abajo a través de las políticas dictadas por la troika e implementadas con diligencia por un "gobierno-estafa"; por otro, la situación secular de concentración de la tierra en Andalucía, con miles y miles de hectáreas de tierra en desuso y el irracional modelo de producción, comercialización y consumo de alimentos básicos actualmente imperante.

En un contexto más amplio de acciones que incluía la ocupación de fincas de propiedad pública en desuso para trabajarlas, la idea central era la reivindicación de la alimentación y de la tierra como bienes comunes frente al carácter de mercancía que presentan en el modelo actual, cuyos efectos son especialmente palmarios en tiempos del dramatismo que marca la signatura de los presentes. Las gentes del SAT quisieron tomar el Primero de Mayo como fecha simbólica para llevar a cabo nuevas iniciativas de ocupación de fincas en desuso y con capacidad para dar soluciones a los problemas más radicales de las gentes. Lo simbólico era ya sólo la fecha, pues la voluntad de ocupación se mantiene y se actualiza por días, llevándose a cabo tareas de limpieza y de siembra, orientadas al futuro. La acción más sonada mediáticamente ha sido la desarrollada en la finca de "Las Turquillas", en la provincia de Sevilla, propiedad del Ministerio de Defensa y cuyo uso esencial es la cría de caballos en una superficie de 20 hectáreas sobre un total de 1.200. Un impresionante y, como de costumbre, desproporcionado despliegue policial, ha obstaculizado tanto ese primero como los sucesivos intentos de reivindicación que, insistentemente, se han estado llevado a cabo desde entonces, reivindicaciones tan desafiantes como la siembra de sandías, melones y lechugas. Tampoco la maquinaria mediática se ha quedado sin hacer sus deberes correspondientes.

Desde la misma fecha se desarrolla, en otro punto de Andalucía, una historia no por menos sonada menos relevante: cientos de personas han emprendido reiterados intentos de ocupar la finca de "La Rueda", en la provincia de Jaén, de 500 hectáreas y propiedad del banco BBVA, después de que los anteriores dueños, que la habían utilizado como aval de operaciones inmobiliarias, no pudieran hacer frente al pago de las deudas contraídas con el banco. Triste papel el reservado en este acto, como en tantos otros, a un bien social.

La finca jiennense tiene unos cien mil olivos, que ya de por sí tienen virtud de poder emplear a docenas de familias de la comarca de forma permanente y a muchas más en temporada, pero además cuenta con una extensión considerable para la puesta en marcha de proyectos que diversifiquen un modelo agrícola que, basado en el monocultivo intensivo del olivar, tiene consecuencias nefastas para el territorio, tanto de carácter social (desempleo, emigración temporera y dependencia de subsidios raquíticos) como de índole ecológica (erosión de suelos, contaminación por fertilizantes y plaguicidas y dependencia de la importación de productos alimentarios). Desde el sindicato se llama también la atención a la población sobre el riesgo de incendios que supone la concentración de hierbas secas gigantescas cuando se acerca el verano, un peligro real para toda la comarca, que trasciende de largo las lindes de una "propiedad privada" que se constituye, con ironía o no, como "peligro público".

La provincia de Jaén riza el rizo de las cifras endemoniadas situando su tasa de desempleo en un escandaloso 41%. Hablar de escándalo ya va quedando corto. Las cifras siguen una progresión inversamente proporcional a la disponibilidad de adjetivos para nombrar la realidad que se asoma tras las estadísticas. Pero la situación se retuerce aún más si se tiene en cuenta la enorme disponibilidad de alternativas potenciales impedidas de hecho por los que mandan. Ese veto lleva el sello de una violencia extrema: no se trata ya de una concentración insoportable de los medios de producción y de una apropiación indebida de los bienes comunes, sino de una decidida liquidación de los mismos. No hay retrato más elocuente de la sinrazón que la imagen de una extensión como la de esta finca jiennense en su desgarrador abandono a la voracidad de las hierbas salvajes, rodeada de vallas que guardan la función especulativa del terreno, delante de las cuales se apostan docenas de efectivos de las así llamadas fuerzas del orden, haciendo frente e intimidando a una masa de desempleados cuya aspiración principal es la del trabajo. El poder a veces regala instructivas representaciones, como la que supone el registro de vehículos en los alrededores de la zona para verificar que no hay en ellos herramientas de trabajo. La respuesta represiva está a la altura de la lectura de la situación por parte del poder, nervioso al afrontar una voluntad legítima de recuperación de los bienes comunes al servicio de las personas. Pero esa reacción contiene un peligro incontrolable para los de arriba: el autorretrato, la ilustración de los comunes y corrientes, la vivencia personal y colectiva de que la herramienta de trabajo es un elemento subversivo en tiempos en los que se insiste, por activa y por pasiva, en que el desastre actual inducido carece de alternativa. Y la conciencia de que aquellos que son acusados (y duramente sancionados, igual que en el caso de los afectados por los desahucios) por alteraciones del orden público, no son sino quienes proponen un abordaje más consecuente al desorden público establecido. Una encuesta de Metroscopia en el mes de marzo daba cuenta de la impresionante simpatía que movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca despiertan entre la ciudadanía. Llegados a este punto, al poder no le queda mucho más que tomar posiciones, defensivas y ofensivas. Y no va a ser sólo a él a quien corresponda tomarlas.

Las gentes del SAT son personas de orden. Sólo una sostenida perversión hecha hegemonía permite que una tal afirmación suene demasiado provocativa. Pero en el territorio español están sobre la mesa la problematicidad y la relatividad de conceptos como el de orden, que ya no tienen un significado asimilado por la mayoría de la población, menos aún cuando una parte de ella ha recibido una "invitación" al debate radical a base de golpes de porra.

¿De qué hablan los poderosos cuando hablan de orden? No del orden constitucional, desde hace tiempo sometido a un proceso de ruptura por parte de las oligarquías gobernantes.  Movimientos con la PAH o el SAT adquieren una doble faceta: de un lado, "conservadora", una vez que desde arriba se lleva a cabo un golpe y un salto adelante impulsado sobre la base de los dos grandes partidos, cada vez menos grandes: el artículo 47 de la ya mutilada Constitución española establece que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", y el 128 (igualmente contrafáctico) que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". De otro lado, un carácter "constituyente", que contiene elementos de reivindicación de esa "nueva Constitución" cuyo debate está sobre algunas mesas; esa por hacer en un proceso que exprese el consenso sobre un proyecto de sociedad alternativo, que tenga como centralidad el carácter público y no mercantilizable (esto es, no susceptible de expropiación a las poblaciones) de los bienes comunes (la tierra, la alimentación, el trabajo, el medio ambiente, la vivienda o la sanidad y la educación). Y es en este terreno donde este tipo de acciones y procesos cobra su más radical significancia; cualquier idea de "proceso constituyente" que se pretenda honestamente como voluntad de cambio en la correlación de fuerzas actualmente existente dentro de la sociedad, tiene que contemplar la obligación de conectar con (y a la vez tomar fuerza en) el protagonismo de esos movimientos en los que los sujetos sociales crean, en la práctica, el contenido material de esa constitución "utópica".

De entre esos contenidos "constituyentes", mención especial exige quizá el que hace referencia a la dimensión ecológica, que se tiende a mantener en un segundo plano en los debates: las iniciativas del SAT (Somonte, Turquillas, La Rueda) llevan consigo una impugnación radical a un modelo de producción agroalimentaria irracional e insostenible. Vía Campesina calcula que en torno a la mitad de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (cuya concentración en la atmósfera acaba de sobrepasar una línea muy roja) proceden del sistema alimentario, entre actividades agrícolas propiamente dichas, consecuencias de la deforestación, uso de fertilizantes y pesticidas, empaquetado y transporte de alimentos y tratamiento de residuos. El modelo actual no es siquiera una opción a discutir en un mundo que ve acercarse también los límites de disponibilidad de recursos en general, y del petróleo en particular, del que la agricultura actual es dependiente en todo su proceso.

La alternativa agroecológica y social se presenta como imperativo social para impedir la conversión de la alimentación en una mercancía cada vez menos accesible (gracias a la influencia mutua entre crisis financiera, económica, social y ecológica) y para evitar una profundización aún más catastrófica en el desbordamiento de los límites de la Tierra. En definitiva, una cuestión de supervivencia, una cuestión, una vez más, de orden. Es fundamental que "lo que se mueve" en los espacios urbanos problematice tales cuestiones y la necesidad de plantear las relaciones entre la ciudad y el campo, proponiendo nuevas alianzas que eviten el aislamiento de quienes pueden ser un factor fundamental para la generación de una alternativa para todos y todas. La lucha en el campo no puede mantenerse sin el apoyo de la ciudad y la ciudad no puede liberarse si aquel no sale bien parado de la batalla.

Los agentes a los que el subdelegado del gobierno en Jaén (por citar un caso modélico de ejercicio de represión política) envía por docenas a controlar y a reprimir a los "ocupantes" (u otros manifestantes), son también individuos pertenecientes (por provocador que suene también) a la especie humana y, por tanto, enfrentados trágicamente al presunto deber de defender por medio de la coacción o la violencia un des-orden que pone en cuestión su propio presente, su entorno y el futuro de sus hijos e hijas, educativo, laboral y de existencia en un mundo habitable. Semejante apreciación dota de un carácter aún más triste, anacrónico y ridículo, digno de compasión (de vez en cuando), a sus agotadoras persecuciones de parados por los campos andaluces, con helicópteros incluidos. Aventuras que por lo demás suponen un coste económico para la administración cuya magnitud sería interesante conocer, más aún en tiempos de crisis y con la carencia de sentido, y de la legitimidad social y política, que supone el empecinamiento desenfrenado e histérico en la defensa de algo cuya subversión es, más que nada, un deber cívico.

Creer en un proceso constituyente para una salida democrática y social a la crisis implica una apuesta en los terrenos donde se juegan las relaciones reales de poder, donde se lucha, aquí y ahora, por la materialidad de un programa con las gentes como protagonistas y creadoras de un nuevo sentido común indispensable. Desde los campos andaluces, se lanzan al poder y a toda la sociedad preguntas desafiantes: ¿y si no hubiera por qué elegir sólo entre paro y precariedad? ¿Y si no fuera la "autodevaluación" la única vía para obtener el permiso de soñar con un empleo? En esos mismos campos, puede que además hoy se recoja y se proyecte, a todas las instancias, aquella apelación que Víctor Jara dedicara a los campesinos chilenos en su "Plegaria a un labrador": hoy es el tiempo que puede ser mañana.

Francisco Sánchez del Pino es miembro del SAT y del movimiento "IU por la base"

Fuente:  http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5990