domingo, 17 de febrero de 2013

EL DESALOJO DEL TAMBO “LA RESISTENCIA” ES UN DURO GOLPE A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA







El tambo “La Resistencia” esta emplazado en una de las zonas mas pobres de la Ciudad de Rosario.
A través de este emprendimiento se a logrado que en los barrios mas humildes de Rosario la población pueda adquirir la leche a $3- (TRES PESOS), además de del empleo que genera esta actividad.
Queda claro que para los funcionarios y legisladores de la provincia de Santa Fe vale mas el negocio inmobiliario que la Soberanía Alimentaria.

Desde Unión Latinoamericana de Técnicos Rurales y Agrarios nos solidarizamos con el Tambo “La Resistencia” y exigimos una salida política que proteja el trabajo de los compañeros  las compañeras y la “Soberanía Alimentaria” de los habitantes de Rosario. No permitiendo que se lleve adelante el desalojo.

URGENTE. FALLO JUDICIAL: EN 15 DIAS QUIEREN DESALOJAR PARA SIEMPRE EL TAMBO LA RESISTENCIA CON LA FUERZA PUBLICA

Después de 2 años de proceso judicial, en un fallo que no garantizó nuestro derecho de defensa, una jueza ordenó el desalojo del tambo en 15 días a partir de hoy. En sólo quince días pretenden terminar con un conflicto que lleva más de 5 años en la agenda pública de la ciudad y pretenden cerrarlo con violencia y represión.
Como le venimos diciendo a cada funcionario y autoridad pública desde que empezó el juicio, nosotros resistiremos hasta las últimas consecuencias, depende ahora del estado provincial y municipal que en 15 días no tengamos una tragedia en Rosario. Desalojar el Tambo La Resistencia no significa solamente perder la mayor unidad productiva del territorio, ni las viviendas container de los compañeros que allí vivimos, ni toda la cadena láctea que se viene trabajando con el dulce de leche, los quesos, la leche a 3$, etc, sino que significa entregar para siempre las 250 has de Nuevo Alberdi. Una vez que eliminen al tambo, eliminan toda la zona rural de Nuevo Alberdi.
La jueza Estella Maris Bertune, en un inexplicable y arbitrario fallo, pretende darle la posesión del tambo a Mario Jáuregui sin que el mismo sea titular del terreno y sin que haya probado a lo largo del expediente que tiene algún tipo de derecho sobre el mismo. Es decir, Mario Jáuregui no es el titular catastral del terreno donde se emplaza el tambo. Sólo tiene, como en otros casos, falsas sesiones de derechos posesorios o comodatos que logró que vecinos firmen en 2007, en plena inundación, bajo extorsión y amenazas. Es decir, se quedan con las tierras, ya no especulando con su bajo valor, sino robándolas literalmente. Y lo que es peor, amparado judicialmente por jueces inescrupulosos. (Toda esta maniobra de apropiación ilegal de tierras está resumida, explicada y probada en el alegato de este juicio que adjuntamos). Como agravante ni siquiera tenemos la posibilidad de que apelando el fallo, como lo vamos a hacer, evitemos el desalojo. Ya que por el modus operandi del monopolio de la tierra en Nuevo Alberdi, presentan garantías de propiedades como fianza para ejecutar las órdenes más allá de la apelación.
Hace más de 5 años que militamos y trabajamos para encontrar alternativas para Nuevo Alberdi. De todas las maneras posibles, intentamos que la palabra y la política sean capaces de encaminar pacíficamente el conflicto. La ciudad es testigo de eso, y hoy por la inacción y complicidad del Estado nos encontramos en una violenta encrucijada que tiene sólo 15 dramáticos días para resolverse:
El gobernador, y con él todo el poder político, deberá decidir de qué lado está. Si escuchó algo de todo lo que venimos diciendo y construyendo, de las alternativas que propusimos, de los debates y conquistas históricas que logramos y por ende decide la expropiación de las tierras del tambo como única forma de solucionar el conflicto. O si, por el contrario, toma la decisión política de enviar a la policía a desalojar y reprimir, judicializando un conflicto social y político y generando una tragedia ya anunciada.
Son dos posturas ante la ciudad y ante la historia. Cada uno sabrá de qué lado quiere que lo encuentren.
Para ello, desde este miércoles 5 de diciembre, desde las 9:30 hs acamparemos frente a la Sede de Gobernación a esperas de una urgente reunión con el Gobernador Antonio Bonfatti para poder presentarle los detalles del tema y escuchar qué decisión tomará.
Además, el acampe funcionará como espacio para preparar la resistencia y donde la ciudadanía en su conjunto podrá llevar su solidaridad con el tambo, con el movimiento y el territorio. Desde allí se trabajará con diferentes referentes de la ciudad y la provincia para continuar buscando las maneras de evitar la represión y llegar a una solución de fondo, para lo cual ya está presentado desde hace un mes en la Cámara de Diputados el proyecto de expropiación de las 7,5 has del terreno del tambo, con la firma del diputado Oscar Urruty y Eduardo Toniolli.
Primeros pasos
 El mismo miércoles alrededor del medio día, nos recibirá la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de
Diputados de Santa Fe, en el marco de constituirse en la ciudad por el triple crimen de Moreno, para poder trabajar allí alguna propuesta que evite la represión y garantice nuestros más básicos derechos humanos. A la vez que se empezará a trabajar con algunos legisladores el proyecto de expropiación.
Además una comitiva viajará a la ciudad de Santa Fe para, en caso de que el gobernador no se encuentre en Rosario, no sea esa una excusa para no recibirnos.
El acampe continuará por tiempo indeterminado hasta conseguir las garantías de que no habrá represión y desalojo en 15 días y que se resuelva finalmente y después de tantos años la expropiación para, por lo menos, las tierras del tambo.
De no encontrar una respuesta acorde en estos 15 dias, regresaremos al territorio para esperar y resistir este impune intento de eliminar a Nuevo Alberdi del mapa de la ciudad y al Movimiento Giros de la escena política.
Breve racconto del conflicto del tambo y sobre la ética del movimiento
El primer intento de desalojo, ilegal, del tambo fue el 17 de diciembre del 2010. Al día siguiente de que Giros sancionara la histórica ordenanza del Ya Basta! en el Concejo Municipal y que convirtiera a Rosario en la primer ciudad del mundo en prohibir los barrios privados. Cuando el monopolio de la tierra veía que su burbuja especulativa se caía a pedazos y peligraba todo su proyecto. Los militantes no tuvimos ni tiempo para festejar semejante conquista, tuvimos que atrincherarnos una semana en el tambo para evitar la topadora ilegal. Jáuregui logró derrumbar una casa que había en el tambo, pero logramos frenar la demolición del aparato productivo.
Así, frustrada la vía ilegal de amenaza y desalojo violento por la resistencia del movimiento, Jáuregui y la empresa Cimar S.A. empezó la envestida judicial contra el tambo contabilizando a la fecha 7 juicios simultáneos.
Fue en ese marco que este movimiento decidió, cuando muchos pensaban que el camino iba por otro lado, profundizar la construcción territorial y radicalizar el proyecto político. Por decisión y por supervivencia tomamos una profunda decisión de la cual hoy estamos orgullosos: irnos a vivir varios compañeros que no vivíamos en Nuevo Alberdi al tambo La Resistencia. Vivir allí por dos cosas: para mejorar, profundizar y ampliar el proyecto del tambo como ícono de otro modelo de ciudad posible, como figura central de la Ciudad Futura; y por otro lado para estar en el frente de batalla que la situación ameritaba.
Es así que varios de los compañeros de mayor responsabilidad e historia en el movimiento nos fuimos a vivir al tambo. Construímos los primeros prototipos de vivienda en containers marítimos y hace casi dos años que allí estamos. Como nuestro proyecto político lo requería. La militancia como forma de vida y el decir y el hacer juntos.
Así es nuestro movimiento. Habla porque lo vive. Y así nos encuentra hoy el conflicto, con nuestra unidad productiva, con nuestro proyecto político y con nuestras casas. Así de genuina es nuestra construcción y así de preparados y decididos estamos.
Hemos hecho en estos largos años nuestros más grandes esfuerzos para evitar este desenlace. Al poder político no le importó nunca y hoy debe tomar obligado una decisión a todo o nada. Nosotros seguiremos firmes junto a nuestras convicciones de siempre en esta nueva y violenta etapa. Las cartas ya están mostradas, la ciudad las conoce, es hora de ponerlas sobre la mesa.
Es este el momento para que todos aquellos que apoyan al movimiento en su lucha apoyen de la manera que crean oportuno la resistencia. La batalla es: corporaciones privadas o territorios de todos. Allí estaremos con todos los que quieran ser parte.
#LaResistenciaSeQueda , la lucha sigue.
Desde el territorio insurgente,
Sembrando rebeldías y esperanzas,
Movimiento Giros.
Contacto:
Juan Monteverde  /  0341 156 599820

Fuente: http://laresistencia.girosrosario.org/comunicado.html

viernes, 1 de febrero de 2013

Carta Abierta a la Presidenta por represión y muerte de miembros del Pueblo Qom

Carta Abierta a la
Sra. Presidente
de la Nación, Dra. Cristina Fernández

CC: Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Julio César Alak
Sra. Ministro de Desarrollo Social, Dra. Alicia M. Kirchner
Sr. Presidente del INAI, Dr. Daniel Fernández
Ref: Represión y muerte de ciudadanos argentinos miembros del Pueblo Qom

Viernes 18 de enero de 2013
Como es de público conocimiento, en los últimos tiempos se produjeron diversos hechos en los que resultaron muertos miembros del Pueblo Qom de las provincias de Chaco y Formosa, y que hasta hoy no han sido investigados satisfactoriamente.

Entre ellos, pueden citarse los casos de:

* Roberto López, muerto en la represión policial del 23 de noviembre de 2010 a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), Pcia. de Formosa.

* Mario López, dirigente pilagá de Colonia Alberdi y delegado del MoCaFor que se dirigía al día siguiente a expresar su solidaridad con Potae Napocna Navogoh, muerto tras ser atropellado por un policía.

* Alberto Galván, jornalero Qom perteneciente a la comunidad Paraje El Colchón, cercana a Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco, asesinado a tiros y arrojado a las pirañas el 21 de enero de 2011.

* Mártires López, dirigente de la Unión Campesina, muerto el 14 de junio de 2011 en circunstancias dudosas, luego de ser atropellado dos días antes por un vehículo mientras circulaba en su moto por la ruta en Libertador General San Martín, Pcia. del Chaco.

* Celestina Jara y su nieta Natalia Lila Coyipe de 11 meses, también miembros de Potae Napocna Navogoh, muertas el 10 de diciembre de 2012 tras ser atropelladas por un gendarme quien no sólo no las auxilió sino que junto con sus acompañantes golpeó a Ricardo Coyipe, dirigente Qom y esposo de Celestina, para impedir que, aun estando malherido, les prestara ayuda.

* Imer Flores, de 12 años, miembro de la comunidad Qompi Naqona’a de Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco, asesinado a golpes por una patota el 5 de enero de 2013.

* Daniel Asijak, 16 años, sobrino del qarashe Félix Díaz de La Primavera, muerto en circunstancias dudosas mientras circulaba por la ruta en su moto, el 9 de enero de 2013.

También resultaron víctimas de hechos violentos, siendo gravemente heridos aunque no fallecidos, el propio Félix Díaz, atropellado el 9 de agosto de 2012 por un vehículo 4 x 4 propiedad de la familia en conflicto con su comunidad; su hijo Abelardo Díaz a quien un grupo de matones intentó degollar el 28 de junio de 2012; Samuel Garcete, un hombre de 48 años con 9 hijos, perteneciente a la misma comunidad de Formosa, quien aún no se repone de las graves heridas recibidas en la represión del 23/11/2010; en los últimos días (12 de enero de 2013) se conoció un nuevo ataque a otro joven, Gerardo Rodríguez, en el Paraje El Colchón, Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco y a Omar Ávalos, de la comunidad Potae Napocna Navogoh quien fue atacado por varios criollos en el pueblo Laguna Blanca de la Pcia. de Formosa.

Todos los fallecidos eran ciudadanos argentinos pertenecientes al Pueblo Qom y han muerto en circunstancias dudosas, o asesinados. Tres de estas personas eran niños: Natalia Lila de 11 meses, Daniel Asijak de 16 años e Imer Flores de 12 años.

A lo anterior deben sumarse las amenazas verbales y ataques permanentes que sufren los miembros de estas comunidades, la quema sistemática de sus documentos y pertenencias, y otras acciones destinadas a atemorizar y a potenciar la impunidad de los criminales. Hace tan sólo unas horas se conoció el ataque y las amenazas sufridas por Héctor Alonso, también miembro de Potae Napocna Navogoh.

En la mayoría de los casos se han visto involucrados miembros de las agencias de seguridad estatales, que debieran salvaguardar, no amenazar, la integridad de todos los argentinos.

Todos estos casos han sido denunciados y están o debieran estar siendo investigados por los organismos correspondientes. Sin embargo, la reacción de los respectivos estados provinciales y de la justicia ha sido dispar, evidenciando lamentablemente en algunos casos llamativa indiferencia o incluso negligencia respecto de los crímenes cometidos contra indígenas en sus respectivos territorios.

A pesar de que existe un organismo específico, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que debiera poder intervenir en los casos señalados, nos encontramos ante una escalada de violencia donde se exhibe la poca o nula capacidad de acción del Estado para arbitrar adecuadamente estos conflictos, violencias y abuso de derechos que hoy sufren estos Pueblos.

Sabemos que la violencia hacia el Pueblo Qom no es un fenómeno reciente. Luego de las conquistas militares en la región las comunidades originarias de las actuales provincias de Chaco y Formosa fueron confinadas en territorios escasos y reducidos, en los cuales la violencia no se detuvo, y que en algunos casos, además, fueron escenario de nuevas represiones y masacres, ya no en tiempos de “conquista” sino de “paz”, vinculadas a la extrema explotación laboral y a las alianzas entre propietarios, fuerzas armadas y sectores políticos (por ejemplo, las llamadas masacres de Napalpí 1924, Pampa del Indio 1933-4, El Zapallar 1935, La Bomba 1947, entre muchas otras que además de estar documentadas, son resguardadas en la historia oral de las comunidades).

Hoy los tiempos han cambiado y los Qom, como otros Pueblos Originarios, participan de muchos de los derechos de los ciudadanos argentinos, y se les reconocen derechos específicos en su calidad de Pueblos Indígenas (erróneamente llamados a veces minorías étnicas), como los de participación y consulta sobre los “intereses que los afecten”. Sin embargo, y a contramano de estos reconocimientos, las comunidades son constantemente presionadas para que abandonen los reducidos terrenos en los que fueron confinadas tras la conquista militar.

Y aquí es donde queremos llamar especialmente la atención de la Presidencia, ya que se trata de un problema de extensión nacional y que se ha venido incrementando dramáticamente en tiempos recientes: Todas las víctimas pertenecen a una región que se ha convertido en los últimos años en una renovada frontera de expansión económica principalmente para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y aunque en menor medida, el turismo. Muchas de ellas habían denunciado amenazas y abusos de la gendarmería nacional y distintos grupos armados, tanto policiales como parapoliciales. Los accidentes dudosos y los asesinatos han recrudecido en los últimos tres años, período en que las denuncias hechas por integrantes del Pueblo Qom se han hecho más visibles. Esto se debe a que los grupos armados que obedecen a empresarios y terratenientes actúan con impunidad, sin ser sometidos a investigación alguna y sin ser condenados por sus crímenes.

En todos estos casos, además, tanto los sobrevivientes de ataques similares como los familiares de las personas fallecidas, señalan elementos de odio racial y xenofobia como una constante en el marco de estos ataques. Obvia decirlo, el odio racial no es un elemento aislado y propio de los victimarios, sino que es parte, lamentablemente, de un contexto que precede y posibilita tanto la ejecución de los crímenes como su impunidad.

La realidad de estas provincias que en estos días nos preocupa especialmente, tiene puntos en común con la de otras partes del país. Esto se debe a las condiciones que estructuraron las relaciones entre los Pueblos Originarios en todo el territorio, y la sociedad no indígena. Los Pueblos Indígenas poblaban el país originalmente y sufrieron todas las consecuencias negativas, durante la conquista y luego con la colonización, que sufren aquellos que pierden las guerras territoriales. Durante el siglo veinte perdieron los últimos rincones de sus territorios y fueron obligados a sedentarizarse, o a vivir en colonias y reservas, en la mayoría de los casos obligados a vender su mano de obra en los ingenios azucareros, en las plantaciones de algodón o en las estancias de la Patagonia. En adelante, cobraron y cobran los peores salarios, sufrieron y sufren toda clase de injusticias, se morían y se mueren de enfermedades evitables como la tuberculosis, la leishmaniasis y las derivadas de la desnutrición, y han estado por décadas completamente arrojados al capricho de las patronales y sus mediadores.

Aún desde esta realidad estructural, los Pueblos Originarios compartieron con el resto de los argentinos muchas de sus luchas por la justicia. Hacia la década de 1970 surgieron agrupaciones políticas formadas por militantes indígenas, muchos de ellos integrados con partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales de orientación popular, que además reivindicaban sus derechos culturales, económicos y sociales como indígenas. La dictadura cívico-militar golpeó y desarticuló parcialmente el movimiento indígena, que también luchaba por un mundo mejor, y varios de sus referentes fueron detenidos, desaparecidos y/o partieron al exilio. Hoy y desde el regreso de la democracia a nuestro país, reconocemos importantes avances, a tono con los foros internacionales, porque los Pueblos Indígenas resurgieron como nuevos sujetos de derechos humanos, entre los que se encuentran, reconocidos por la Constitución de nuestro país, el derecho a permanecer en sus territorios tradicionales con títulos legales y a gestionar los mismos bajo sus normas y costumbres. Vale además anotar que los Pueblos Indígenas no sólo son objeto de referencia de estos derechos sino que su palabra, a través de sus intelectuales, dirigentes políticos y líderes religiosos, enriquece, interpela y ayuda al resto de la ciudadanía a construir una sociedad mejor.

Sin embargo, en el norte de la Patagonia, los grupos económicos líderes, ligados a la explotación minera y petrolera, provocan de modo directo (por la violencia) e indirecto (por la contaminación del medio, la desocupación y la ruptura del entramado social) la expulsión de las familias del Pueblo Mapuche, que llevan una larga lucha sin haber sido escuchadas. Más aún, sus reclamos son sistemáticamente criminalizados, y son numerosos los dirigentes que en los últimos años –por dar el último caso, la comunidad Winkul Newen, cercanos a Zapala, el 28 de diciembre próximo pasado- vienen siendo detenidos y/o procesados, cada vez que se resisten a ser desalojados de sus campos. Es evidente que hoy, la principal respuesta que está dando el Estado a los reclamos indígenas por la defensa de sus tierras es la violencia y la represión, y estas comunidades, las más activas y organizadas políticamente, las que más luchan por la vigencia de sus derechos constitucionalmente reconocidos, pasan a vivir en peligro permanente.

Así, la comunidad de Chuschagasta en la Pcia. de Tucumán continúa esperando justicia por el alevoso asesinato de Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 a manos de un terrateniente.

También aquellas comunidades indígenas que reclaman por sus territorios en forma conjunta con organizaciones campesinas, como sucede con aquellas nucleadas en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) o el Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), son hostigadas y periódicamente sacrificadas ante el avance de la propiedad privada (el mencionado Mario López del MOCAFOR, en 2010; y en Santiago del Estero, Sandra Juárez, fallecida de un paro cardíaco frente a las topadoras el 13 de marzo de 2010; Cristian Ferreyra, campesino lule-vilela de San Antonio, asesinado el 16 de noviembre de 2011 a los 23 años; y Miguel Galván, campesino lule-vilela apuñalado en Simbol, en septiembre de 2012, estos últimos por sicarios reconocidos).

Lamentablemente, como Ud. sabrá, la lista de casos y víctimas en los Pueblos Indígenas es larga y no se agota en lo que aquí presentamos. Las incursiones armadas de particulares y parapoliciales en sus territorios, con intenciones de amedrentamiento, así como los ataques sexuales a sus jóvenes, niñas y niños, son moneda corriente en todo el país. Por eso apelamos a usted, para que utilice los recursos materiales y políticos de su gobierno para frenar esta situación. Si los gobiernos provinciales no pueden sacudir estas estructuras, debe ser el Estado nacional el que realice el cambio necesario. Si en un país como el nuestro, poblado por decenas de Pueblos Indígenas que son parte de la ciudadanía, se permite que se los siga asesinando, o que aparezcan muertos en situaciones altamente sospechosas y no se ponen todas las herramientas posibles a favor de la verdad, queda claramente afectada la política de derechos humanos que la mayor parte de la sociedad saluda, apoya y acompaña.

Por todo esto, si bien no ignoramos la complejidad y antigüedad de la situación, reclamamos hoy al gobierno nacional y a los provinciales la implementación de medidas urgentes y decididas para:

• Utilizar todos los elementos a su alcance para que se haga justicia, en todos estos casos; incluyendo que se adopten medidas de reparación concreta y simbólica y que se garantice el trato debidamente respetuoso hacia sus dirigentes. La reparación debe partir del reconocimiento del genocidio histórico cometido contra los Pueblos Originarios, cuyas consecuencias se prolongan hasta nuestros días.

• Intervenir en la estructura sociopolítica y socioeconómica en la que se insertan las comunidades, dado que está comprobada la relación entre la promoción de los agronegocios, la explotación minera y petrolera, las concesiones inmobiliarias y turísticas, etc. y el incremento de la violencia contra los Pueblos Originarios. Frente a esto, existe legislación suficiente que dispone la consulta previa a estos Pueblos, a través de sus autoridades tradicionales, toda vez que se propongan planes de estas características que afecten sus territorios. El Gobierno nacional, así como los provinciales, tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Constitución así como del Convenio 169 de OIT, entre otros acuerdos internacionales a los que la Nación adhiere, como un paso inicial en la evitación de la violencia económica y social.

• Intervenir en el contexto social para disminuir las acciones y discursos racistas, especialmente en los medios de comunicación, en la formación de las fuerzas de seguridad y en las expresiones de los representantes políticos, pues es imperioso reemplazar las ideas de superioridad racial y limpieza étnica que todavía perviven, por una pedagogía respetuosa de los derechos humanos y la vida.

• Por último, es urgente y necesario que el Gobierno Nacional condene moral y públicamente estos hechos aberrantes, para que no se repitan NUNCA MAS. Para comenzar a revertir la violencia histórica y garantizar, en el marco de un Estado pluricultural, una política de Derechos Humanos que asuma, en relación con los Pueblos Indígenas, su responsabilidad en la búsqueda permanente de verdad y justicia.
La saludamos respetuosamente,

viernes, 11 de enero de 2013

Por Crímenes Políticos Contra la Comunidad Qom exigimos Respuestas Políticas.



A días de la noticia de la muerte del niño de 12 años Imer Ilbercio Flores de la etnia Qom asesinado a golpes en Villa Río Bermejito, Impenetrable Chaqueño, acto que es claramente xenófobo por la saña con que se manejaron los asesinos.
Hoy tenemos que lamentar otra muerte, la del Joven de 16 años Juan Daniel Díaz Asijak de la Comunidad Qom La Primavera de la Provincia de Formosa.

Desde ULTERA enviamos la SOLIDARIDAD a las familias de las víctimas en particular y a la comunidad Qom en general y REPUDIAMOS tanto al Gobierno del Chaco, como al Gobierno de Formosa a quienes los hacemos responsables políticos de estas muertes, ya que consideramos que esta metodología busca amedrentar al pueblo Qom en su lucha por la TIERRA. Lucha que va en contra de los intereses de los agronogocios fomentados por los gobiernos provinciales.

Es importante mencionar que en el caso del niño Flores, el Gobernador del Chaco, Jorge Capitanich declaró que se trataba de un echo policial y buscó  judicializar la cuestión, lamentablemente este no es el primer echo xenófobo que sucede en Villa Bermejito; es el séptimo caso de homicidios contra indígenas registrados en la localidad.

En cuanto al caso del joven Díaz Asijak, médicos del Hospital Central de Formosa dijeron el mismo sábado, con radiografías en la mano, que no fue accidente, fue golpiza, pudo ser un fierro, tenía rotura de cráneo como con un palo”. Sin embargo el ministro de Gobierno, Jorge González, y la subsecretaria de Salud Pública, Margarita Batista, en conferencia de prensa declararon: “Desmentimos que en algún momento se haya hablado de golpiza. Nos basamos en la versión policial, donde consta que fue un accidente”, además estos funcionarios le dijeron al padre de la víctima que “Personal policial tomó una serie de testimonios de donde surge que el joven había estado tomando bebida alcohólica”. Claro que no sorprende semejantes declaraciones de funcionarios del gobernador perpetuo de Formosa Gildo Infran, es importante recordar algunos hechos que deja a las claras semejante genocidio contra las comunidades indígenas:

  • El 23 de noviembre de 2010, la policía reprimió el corte en la ruta . Asesinaron al abuelo Qm Roberto López. Un día después fue atropellado Mario López, dirigente del pueblo pilagá. Murió arrollado por un oficial de policía.
  • El 28 de junio pasado, a la noche, una patota atacó a Abelardo Díaz, hijo del dirigente Qom Felix Díaz.
  • El 9 de agosto fue el turno de Felix Díaz, en la Ruta, cuando circulaba en ciclomotor y una camioneta se le fue encima, Siete puntos en la frente, fuertes golpes en el brazo, piernas y pecho. La camioneta no se detuvo.
  • Lila Coyipé, de 10 meses, y Celestina Jara, su abuela, de 49 años, murieron luego de ser atropelladas por un gendarme el 9 de diciembre pasado. Ricardo Coyipé, también atropellado, había denunciado que “no fue accidente, lo hizo a propósito”.
  • La semana pasada, en Laguna Blanca, una patota golpeó a Omar Avalos, de la comunidad La Primavera. Avalos denunció (junto a su esposa, que fue testigo de la golpiza) que los atacantes los acusaban de ser opositores al gobierno provincial. No hubo detenidos.


Por lo expuesto queda a las claras que se trata de un etnocidio, consideramos a estos CRIMENES POLITICOS EN EL MARCODE LA LUCHA POR LA TIERRA DE LA ETNIA QOM y responsabilizamos al gobierno de Formosa y de Chaco por ser los responsables políticos de los aberrantes crímenes al no buscar una salida al conflicto por la TIERRA.
Exigimos que el Gobierno Nacional se involucre en esta problemática para terminar de una ves y para siempre con el GENOCIDIO a los PUEBLOS ORIGINARIOS.

 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-211598-2013-01-11.html

domingo, 30 de diciembre de 2012

Las Penas Son de Nosotros, las Vaquitas son Ajenas… ¿y el Predio de la Rural en Palermo?.







Por: LGM.

El día 20 de diciembre entre saqueos organizados, represión y muertos, el Jefe de Gabinete de Ministros Lic. Juan Manuel Abal Medina (H) anunció la expropiación del Predio Ferial de Palermo (La Rural), predio que fue explotado desde el año 1878 por la clase Oligárquica de nuestro país,  aunque siempre perteneció al estado hasta que en el año 1990, en que el presidente Carlos Menem autorizó a través de un decreto la venta del predio a la Sociedad Rural Argentina a un precio vil.
Claro esta, que desde los sectores populares nadie se opondría a lo simbólico de la medida. Las preguntas que nos hacemos son las siguientes: ¿a qué se destinará dicho predio? y Este golpe al poder económico al sector agrario, ¿marca un cambio en la política agraria y alimentaria?.
Hay muchas conjeturas y versiones de lo que se hará con ese predio. Desde el traslado de Tecnópolis hasta un negocio inmobiliario.

Analizando, un estudio hecho por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), medio millón de personas no ven cumplido el derecho de una vivienda digna en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual no sería descabellado exigir que en ese predio se hagan viviendas populares como puntapié para revertir esta situación.
Por otro lado la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, este año informó sobre las fallas estructurales en los hospitales porteños y la falta de médicos, con lo cual no resultaría fuera de lugar plantear que en el predio se construya un hospital modelo, como para dar respuesta a la problemática planteada. Es probable que para los asesores de imagen no le cierren estos proyectos, ya que las luces de Tecnópolis venden más que un hospital, o los lobistas de siempre vinculados al negocio inmobiliario y la patria contratista no pueden permitir que se termine con el déficit habitacional ya que se les terminaría su negocio especulativo. 

Yendo a la segunda pregunta; en el último año quedó demostrado que no hay intenciones del Gobierno Nacional cambiar la política agraria y alimentaria.
El sector está cada vez mas concentrado, teniendo en cuenta que el 90% de los recursos del Ministerio de Agricultura se destinan a los agronegocios. Sumado a esto del posible pase de la Secretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural hacia la cartera de Desarrollo Social, lo que marcaría que para el Gobierno Nacional el problema de los sectores mas postergados del ámbito agrario no es un problema de de recursos productivos. Por otro lado los agronegocios avanzan en el territorio a fuerza de violencia y derramamiento de sangre contra los campesinos e indígenas, mientras se postergan los temas como la función social de la tierra, la propiedad comunitaria de comunidades campesinas, indígenas, agricultores familiares, la suspensión urgente de los desalojos, y políticas de democratización y acceso a la tierra, para favorecer la vuelta al campo en busca de generar un cambio de paradigma que nos lleve a la Reforma Agraria Integral y Soberanía Alimentaria. Aportando de este modo a la búsqueda de la Independencia económica, la justicia social y soberanía política de nuestro pueblo en la integración concreta y efectiva de nuestra Patria Grande.

Tiene que quedar claro que las exigencias de la mesa de enlace conformada por las patronales y los funcionales a los agronegocios, junto con la burocracia sindical entreguista de los derechos de los peones rurales no son legitimas y solo buscan la acumulación de capital en los sectores mas concentrados, pero toda medida popular como la expropiación de La Rural, pierde sentido si se transforma en un traslado de capitales de un sector concentrado a otro sector concentrado como ser especuladores inmobiliarios o solo busca dar un efecto de imagen trasladando el predio de Técnópolis hacia una zona mas céntrica.

jueves, 27 de diciembre de 2012

domingo, 9 de diciembre de 2012

Desafíos del Agro Actual y Rol del Estado. Plaguicidas y Agroecológía


El día de 3 de diciembre, “Día Internacional del NO Uso de Agrotóxicos”, se realizó en el Auditorio de SENASA una Jornada Debate “Desafíos del Agro Actual y Rol del Estado. Plaguicidas y Agroecológía”.

A la misma asistieron trabajadoras y trabajadores del organismo; miembros de distintas organizaciones vinculadas con la problemática tratada; organizaciones de productores y legisladores nacionales.
 Se desarrollaron dos mesas, la primera trató la problemática actual de los usos de los plaguicidas y su impacto en la salud, participaron de la misma: el Ing. Agr. Javier Souza Casadinho (RAP-AL), el señor Eduardo Rossi (Paren de Fumigarnos, Santa Fe) y el médico Roberto Marcer (Medico de Pueblos Fumigados).
 
La segunda mesa trató el tema de “Modelo Agroecológico, como alternativa al modelo dominante”. Se caracterizó al modelo campesino con bases agroecológicas en contraposición a la agricultura industrial y se mostraron experiencias agroecológicas exitosas. De la misma participaron: Ing. Agr. Ana Broccoli (UNLZ), Ing. Agr. Mariano Quesada (Centro de Estudios Históricos para Latinoamérica y el Caribe CEHLAC) y el Ing. Agr. Carlos Carballo González (Cat. Libre Soberanía Alimentaria. FAUBA) .

El evento estuvo organizado por la Unión Latinoamericana de Técnicos Rurales y Agrarios (ULTERA) y ATE SENASA Capital.

 
Creemos fundamental este tipo de debates en el marco de los organismos públicos, con el objetivo de formarnos y en busca de una propuesta de estado al servicio del pueblo. En ese sentido convocamos a mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas, articulando esfuerzos y acciones tendientes a recuperar nuestros territorios de los capitales foráneos y de los agronegocios, conquistando así la Soberanía Política, la Independencia Económica y la Justicia Social de nuestros Pueblos en la integración concreta y efectiva de nuestra Patria Grande.

viernes, 7 de diciembre de 2012

Plaguicidas sobre los porteños


El día de ayer los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires vivieron un hecho inédito, durante varias horas se respiró un gas asfixiante que provocaba ardor, picazón, tornando el aire casi irrespirable, por causa de un principió de incendio en un container con plaguicida en el puerto de la ciudad.

Tras largas horas de incertidumbre, y sin un plan de contingencia para un caso como este, el Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, de profesión medico, informó a la población que el siniestro estaba bajo control y que el contenido del container se trataba de un plaguicida utilizado en agricultura a base de Carbamato y que este tipo de plaguicidas no  reportan problemas para la salud.

  • Plaguicidas Carbamato

Los carbamatos son compuestos orgánicos que actúan a nivel del sistema nervioso central, inhibiendo la comunicación entre neuronas.

La intoxicación por este producto provoca: Sudoración, salivación, lagrimeo, espasmos abdominales con vómitos y diarreas. Los efectos sobre el SNC ocurren sólo en casos graves; cansancio, mareo y ansiedad, convulsiones.

Queda claro que la ciudadanía sigue con la incertidumbre, ya que este tipo de productos van desde la clasificación de MUY TOXICOS hasta LEVEMENTE TOXICOS.

  • ¿En donde más encontramos restos de plaguicidas?

Es importante destacar que lo sucedido en la Ciudad de Buenos Aires pasa cotidianamente en ciudades y poblados del resto del país.
Además lo respirado y otros productos tóxicos se encuentran en frutas, verduras y alimentos que consumimos cotidianamente.