Por Darío Aranda
“Diez personas encapuchadas al estilo de la dictadura cívico-militar portando elementos contundentes y armas blancas amenazaron de muerte a hombres, mujeres y niños que se encontraban en la ruka (casa) comunitaria del Lof Felipin”, denunciaron las comunidades Cayupan, Paineo y Felipin, de Neuquén. Fue la última de una serie de amenazas que comenzaron en enero pasado, cuando se inició una conflicto territorial con un empresario. Las comunidades acusaron al gobernador Jorge Sapag y al Poder Judicial neuquino por “no actuar en concordancia con el ordenamiento jurídico” que protege los derechos indígenas. Pablo Romero, de la comunidad Felipín, afirmó que “la violencia empresaria, política y judicial no hará retroceder a las comunidades mapuches en la defensa del territorio”.
En el departamento de Catán Lil (en el centro-sur de la provincia) se incrementaron los últimos años los conflictos territoriales sobre campos de veranada y caminos de arreo. En diciembre pasado se hizo pública una supuesta compra, por parte del empresario Pedro Alejandro Chaparro, de un lote en el paraje Purrufe Peweñ, a Jubileo Pintos (miembro de la comunidad mapuche Cayupan). El predio es territorio ancestral y de uso actual del Pueblo Mapuche. La parcela de tierra está ubicada en la zona conocida como Cordillera del Chachil, lote 90 y 91.
En la disposición 68/12, la Subsecretaría de Tierras de Neuquén rechazó la transferencia de tierras entre Jubileo Pintos y Chaparro. A pesar de la negativa de la Subsecretaría, la esposa de Jubileo Pintos (Isabel) y sus hijos fueron desalojados del territorio mapuche, la vivienda fue destruida y los animales arriados fuera del campo.
A inicios de marzo, personas contratadas por el empresario Chaparro comenzaron a construir sobre las tierras de la familia Pintos, y también en parcelas de la comunidad mapuche vecina (Felipin).
El conflicto se agudizó.
Recuperación
La comunidades Felipin, Cayupan y Paineo se organizaron y, de manera conjunta, frenaron la construcción, obligaron a los empleados de Chaparro a retirarse del lugar e incluso llevarse los materiales y herramientas. Las comunidades recuperaron la parte de la comunidad Felipín y se asentaron en inmediaciones del predio de Pintos.
Hubo denuncias cruzadas durante todo marzo, clima de enfretamiento y la llegada de la policía de la localidad Las Coloradas (con “refuerzos” de Zapala), con la orden de reprimir.
Las comunidades denunciaron que los empleados de Chaparro realizaban disparos intimidatorios. Se encontraron municiones calibre 30 y 22 mango.
La semana pasada tuvieron reunión con el subsecretario de Tierras, Eduardo Ferrareso; el fiscal de Estado, Raul Gaitan, y el ministro de Seguridad, Claudio Gabriel Gastaminza. Desde el Gobierno les confirmaron la nulidad de la venta por tratarse de tierras ficales y Ferrareso le restituyó el campo a la familia Pintos (hecho que aún no se concretó).
Escalada de violencia
El martes pasado se iba a realizar una “pichi gellipun” (ceremonia mapuche) en el territorio de las comunidades. No pudieron llegar todas las comunidades porque los empleados de Chaparro les cerraron el paso y amenazaron a las comunidades.
El mismo martes, a la noche, ingresaron diez personas encapuchadas a la vivienda de la comunidad Felipin y amanazaron con palos y cuchillos a las familias.
“Semanas atrás el abogado Lensiski, patrocinante de Chaparro, instigaba hechos de violencia por los medios de comunicación. Denunciamos un complot judicial para proteger a Chaparro ya que está a la vista la complicidad e inoperancia de los fiscales de la ciudad de Zapala (Cofre y Azar) que paralizan y cajonean todo tipo de denuncia incluida la del secuestro de armas de guerra en poder de Chaparro y sus peones”, denunciaron ayer las comunidades en un documento conjunto.
Apuntaron que el subsecretario de Tierras, Ferrareso, no cumplió el compromiso de restituir el territorio (lote 90) a la familia Pintos y a la comunidad Cayupan. “Responsabilizamos por los gravísimos hechos de violencia de los que somos víctimas al gobierno de Jorge Sapag y a la Justicia neuquina por no actuar en concordancia con el ordenamiento jurídico provincial, nacional e internacional vigente”, advitieron las comunidades Cayupan, Paineo, Felipin y el Concejo de Participación Indígena (CPI) de la Zona Centro de Neuquén.
Estado, Gobierno y Poder Judicial
En noviembre de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.160, que declaró la emergencia territorial, suspendió los desalojos indígenas por cuatro años y ordenó un relevamiento catastral en todas las provincias. La muy demorada aplicación de la norma implicó que, en 2009, fue prorrogada hasta 2013.
Recién en 2012 se firmó en Neuquén el convenio para la ejecución de la Ley 26160. Y la aplicación sigue demorada.
Neuquén es un vocablo mapuche que significa, según la publicidad oficial del gobierno provincial, “atrevido, arrogante, audaz”. El 15 por ciento de la población provincial se reconoce mapuche, trece de sus dieciséis departamentos llevan nombres indígenas, al igual que gran parte de sus ciudades, ríos y montañas.
“Discriminación institucionalizada”, fueron las palabras que resumieron la situación en Neuquén según el Informe 2010 del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI). El trabajo detalló la represión a comunidades, la judicialización de la protesta, el “total incumplimiento” de la legislación indígena y la avanzada de empresas petroleras, mineras, turísticas, forestales y agropecuarias sobre terrtirios mapuches.
El informe denunció la “ilegalidad de la política oficial respecto de los pueblos indígenas, donde prácticamente todos los conflictos que sobrelleva el Pueblo Mapuche tienen su origen en el incumplimiento, por parte del Estado, del derecho vigente”.
Hace una semana, el ODHPI publicó su informe 2013 sobre la situación de los pueblos originarios de la Patagonia. En Neuquén sobresale la criminalización. Desde 2005 hasta 2012, al menos 347 miembros del Pueblo Mapuce han enfrentado procesos judiciales.
“El objetivo del Estado en la utilización del sistema penal contra los mapuce tiende a perseguir las acciones que demuestran ejercicio de derechos”, explica el Observatorio y afirma: “El Estado protege con esta política represiva y criminalizadora la propiedad privada terrateniente, las empresas extractivas y la especulación inmobiliaria y turística, a costa del respeto de los derechos humanos, individuales y colectivos de los indígenas. Hay una tarea minuciosa y metódica para poner toda su estructura institucional, política y represiva para, en definitiva, transgredir las leyes que el mismo Estado ha sancionado”.
Pablo Romero, de la comunidad Felipín, explicó hoy que la situación está “un poco más tranquila”. La policía llegó hasta el lote 90 y despejó el corte que estaban realizando los empleados de Chaparro. Pero denunció que aún “el Gobierno no cumplió con el acta firmada que obliga a devolver el territorio. Cualquier hecho de violencia será responsabilidad del gobernador Sapag, del Poder Judicial, en particular de los fiscales de Zapala (Marcelo) Cofré y (Andrés) Azar”.
